Toda empresa, con independencia de su tamaño, está obligada a contar con un protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo. A partir de cierto número de personas trabajadoras se suman otras exigencias: plan de igualdad, medidas para la igualdad de las personas LGTBI o canal interno de denuncias. No tenerlas al día puede acarrear sanciones de la Inspección de Trabajo y dejar a la empresa sin defensa ante una denuncia.